El juez Baltasar Garzón hecho fracasar
El paro brutal de la investigación sobre el franquismo y 114.000 de sus víctimas: una “decisión política”
La investigación anunciada del juez español Baltasar Garzón sobre el franquismo y su represión deberá esperar. Debía, en particular, autorizar la apertura de las fosas de masa donde se encuentran millares de cadáveres de Republicanos, víctimas de las tropas nacionalistas durante la guerra de España (1936-1939) y del régimen franquista en los años que siguieron.
AUTOR: Michel PORCHERON
Entre las fosas comunes más conocidas, figura la fosa de Viznar, cerca de Granada, donde se encuentran probablemente los restos del poeta Federico Garcia Lorca o la de “Valle de loa Caidos”, cerca de Madrid, el más grande sepulcro de masa de la totalidad del territorio español, donde se sitúa el… mausoleo de Francisco Franco. Los historiadores avanzan la cifra de 30.000 a 40.000 cadáveres.
La Audiencia nacional, la más alta instancia penal española, de las que depende Baltasar Garzón acaba en efecto “helar” su investigación que debía conseguir a imputar al franquismo “crímenes contra la humanidad”. Este fallo debería durar hasta que la justicia española se pronuncie sobre “el fundamento jurídico” de la iniciativa del juez. “Tomará tiempo”, comentan a los observadores más optimistas.
En realidad y claramente, la justicia española considera hoy que Baltasar Garzón estuvo bien demasiado lejos y quiere neutralizar todas sus iniciativas. La derecha quiere la piel de su investigación.
El juez Garzón había abierto el último 16 de octubre, la primera instrucción nunca llevada en España sobre los “desaparecidos” republicanos.
Iba así además de la ley de amnistía votada en 1977 en señal de “reconciliación nacional”, o sea dos años después de la muerte en su cama de Francisco Franco, tras una larga agonía (artificial), que habrá durado mucho menos que la de las familias republicanas quienes no han podido todavía hacer el luto de ascendientes “desaparecidos”.
La ONU recomienda suprimir la ley española de 1977
El juez Garzón había recibido hace una quincena de días el apoyo del Comité de la ONU encargada de examinar la conformidad de las leyes de los Estados signatarios con el Pacto Internacional. “La amnistía que se refiere a graves violaciones de derechos humanos está en contradicción con las disposiciones del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos”, hizo saber el Comité. En su 94e sesión de fin de octubre, "recomienda a España suprimir la ley de amnistía de 1977 y tomar medidas legislativas que garantizaba que las limitaciones de actuaciones judiciales contra los crímenes contra la humanidad previstas por la justicia nacional no sean aplicables".
Fallo inmediato de las exhumaciones
Viernes 7 de noviembre, mientras que el juez está en convalecencia después de una operación juzgada delicada, una formación colegial de los altos magistrados de la Audiencia decidió, en una sesión extraordinaria, por diez voces contra cinco, parar en seco la instrucción del juez que tenía la ambición de investigar sobre 114.000 de estos “desaparecidos”. La Audiencia pidió al juez suspender a las aperturas de fosas comunes. El voto de la Audiencia responde a un requerimiento del tribunal de justicia. Entonces por el momento, las fosas en cuestión permanecerán en estas condiciones. Nadie puede tocar las, incluso la más celebra, la de Federico Garcia Lorca.
Es necesario saber que el día anterior, lo que representa el jueves 6 de noviembre, el juez había dado su fuego verde a la apertura de cuatro nuevas fosas comunes, autorizando la primera exhumación de restos de Republicanos que descansaban al “Valle de Los Caidos”. Se trata de los restos de siete hombres y una mujer, fusilados el 20 de agosto de 1936 por falangistes y almacenados a continuación por el régimen franquista (1939-75) en este mausoleo, sin el consentimiento de sus familias.
También el 6 de noviembre, en una resolución dictada pública el mismo día, el juez madrileño de la Audiencia nacional Santiago Pedraz, actuando en nombre de su colega Baltasar Garzon, había aceptado que la fosa de Federico Garcia Lorca esté abierto “en la intimidad”. Accedía así a una petición de su familia, que no se opone finalmente ya a la apertura de la fosa en la cual descansan también a un maestro de escuela y dos banderilleros anarquistas.
El magistrado indicaba en esta resolución que informará a la familia de Federico Garcia Lorca “de la fecha y la manera” en que se exumarán los restos del poeta y que “la presencia de la familia se autorizará”. Según la resolución, “se tomarán medidas para garantizar el carácter privado y la dignidad de las víctimas” en la exhumación. Cuando tendrá lugar…
Nostalgia franquista
Para los adversarios de la decisión de investigar del juez Garzón, la ley de 1977 vuelve ineficaz toda diligencia judicial vinculada a los años franquistas. Baltasar Garzón no piensa así, considerando que Francisco Franco y sus tropas son responsables de “crímenes contra la humanidad, así pues imprescriptibles”.
Desde el 16 de octubre, los nostálgicos del franquismo, una mayoría de la derecha institucional española así como de los miembros de los medios judiciales no dejó de expresarse sobre la causa en contra del franquismo, “un gran tabú español”, según el corresponsal en Madrid del diario francés Liberación, François Musseau, para que lo que “asombró aún más, es que los magistrados de la Audiencia nacional paralizan el aspecto más concreto de la iniciativa del juez”: la apertura de 25 fosas comunes, repartidos en todo el país, donde yace a millares de Republicanos.
La derecha y la extrema derecha acusaron al juez que quisiera “atizar inútilmente las heridas del pasado”.
Musseau recuerda con precisión (Liberación, 11 de noviembre de 2008) que bajo la dictadura, el Caudillo había organizado aburridos entierros para los de su campo Los vencidos, olvidados en sepulcros de masa, nunca no han tenido derecho a una sepultura, sino a fosas comunes. En 2006, el Gobierno de José Luis Zapatero, él mismo nieto de republicano fusilado por la extrema derecha, había hecho aprobar una ley de “rehabilitación moral” relativa a los Republicanos.
“Una decisión política”
Las asociaciones de protección de la memoria de los Republicanos no van a seguir siendo inactivas. Ya el ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica), la principal de entre ellas, recurrió de la decisión del tribunal de la Audiencia, considerando que “ofende a las víctimas” y que fuera “una decisión política”. Estas asociaciones desde 2000 son la causa de la apertura de 171 fosas comunes o sepulcros de masa, sin ninguna ayuda o intervención del Estado. Se analizaron y se identificaron millares de restos de Republicanos luego enterrados en tumbas por sus familias. “Ninguna ley puede impedirnos, declaró a Emilio Silva, Presidente del ARMH, tenemos toda la legitimidad del mundo, y las familias también”
PaPor otra parte, jueves 13 de noviembre, los 18 magistrados de la Audiencia nacional (AN) decidieron prorrogar a próximo jueves (20 de noviembre) su respuesta a un requerimiento presentado por una de las nietas del Presidente del Gobierno de los II e República, Juan Negrín, pidiendo la abstención del AN sobre las preguntas que se refieren a la competencia del juez Garzón sobre la instrucción que lanzó el 16 de octubre. Pidió también que se haga pública la lista de los diez magistrados del AN que votaron en favor de la helada de la instrucción.
Artículo original publicado el 15/11/2008
Sobre el autorMichel Porcheron es autor asociado de Tlaxcala, la red de traductores para la diversidad lingüística. Este artículo es libre de reproducción, a condición de respetar la integridad y mencionar el autor y la fuente.
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